Raras veces nos vemos en la precisión de registrar ultrajes perpetrados contra súbditos británicos en esta parte de España, y lamentamos tener que confirmar ahora el rumor del cobarde asesinato de uno de nuestros compatriotas en las cercanías de Huelva:—

El señor James Frederick Roberts, desafortunada víctima en el presente caso, desempeñaba el cargo de jefe de estación en la terminal del ferrocarril de Buitrón en San Juan del Puerto, pequeña villa a orillas del Río Tinto, a unas seis millas de Huelva, y según parece, venía siendo objeto de vigilancias desde algunos días antes de ser asesinado.

En dos ocasiones anteriores a aquella en que tuvo lugar el fatal atropello, el finado había sido agredido de forma brutal y cobarde; la primera, durante la noche del 24 del próximo pasado, con motivo de una velada celebrada en su domicilio, cuando, al abrir la puerta de su casa para averiguar quién llamaba desde el exterior, recibió un fuerte golpe en el rostro de mano desconocida; y la segunda vez, en la tarde del día 30, mientras se paseaba con su esposa, momento en que fue atacado repentinamente, derribado al suelo y maltratado de diversas formas. Era una persona muy respetable e inofensiva, padre de una numerosa familia, y no había dado motivo alguno para los referidos actos de violencia, a excepción de haberse visto obligado, en la noche de la mencionada fiesta, a hacer desalojar su casa por la policía a un tropel de alborotadores no invitados, entre los que se encontraba el individuo que posteriormente le asesinó, a fin de que los festejos de la velada no fuesen suspendidos por la fuerza. El día 1 del corriente mes se trasladó a Huelva con el objeto de quejarse de las citadas agresiones ante el Sr. Vicecónsul británico, y habiéndose expuesto debidamente los hechos al Sr. Gobernador Civil de la provincia, este último dictó una orden para el arresto y castigo del delincuente —quien, según se descubrió, era Juan Fernández y Beltrán, hijo del alcalde segundo de San Juan del Puerto— así como para que se adoptaran las medidas de rigor a fin de evitar la repetición de tales violencias.

A la mañana siguiente, alrededor de las nueve, el finado fue informado por uno de sus vecinos de que su agresor (a quien ni siquiera conocía de vista) pasaba por la calle frente a su casa conduciendo un carro; y deseoso, como era natural, de reconocer a su enemigo para estar prevenido contra él en lo sucesivo, salió a verle. El padre del individuo, el alcalde segundo, generalmente conocido en aquella comarca por el apodo de «Zacarías», que a la sazón se hallaba en la calle, corrió hacia el finado y, asiéndole por el cuello, le derribó a tierra, y con el auxilio de ciertos miembros de su propia familia y algunos amigos, le apaleó de la manera más inmisericorde. Al ver lo que ocurría, Juan detuvo su carro, apeose de un salto y corrió hacia el lugar donde yacía el Sr. Roberts, desenvainó su navaja y se la hundió en el estómago. Entre las muchas atrocidades cometidas, se dice que la madre del asesino, matrona de proporciones más que ordinarias, se abalanzó sobre el finado y le pisoteó el pecho con los pies. Centenares de personas presenciaron el atropello, pero ninguna de ellas intentó intervenir ni siquiera socorrer al infeliz una vez que sus agresores le abandonaron. Pasado algún tiempo, se le permitió levantarse y dirigirse a su casa, siendo llamado inmediatamente un facultativo, el único del lugar, para que le examinara y atendiera las heridas que había recibido. Poco después, hallándose todavía bajo los cuidados del médico, el Juez de Paz y el Escribano del pueblo se personaron en la vivienda para tomarle declaración respecto a lo sucedido; mas, informados por el profesor en medicina de que el paciente no se encontraba en aquel instante en condiciones de declarar, tomaron nota de todo lo que este (el médico) manifestó haber oído decir al herido, y se marcharon. Esta declaración, en la cual se hacía constar que el finado había manifestado haber sido acuchillado por Juan Fernández, pero que él mismo había atacado a su antagonista con un bastón de estoque, fue posteriormente presentada por el Juez de Paz en la instrucción incoada por el Juez de Primera Instancia de Huelva. El facultativo declaró además, por su propia cuenta, que la herida de arma blanca era «leve» o de escasa importancia, pero que había observado síntomas de inflamación en los pulmones, y a consecuencia de tal dictamen no se dictaron órdenes para la inmediata captura del homicida. Poco después, el finado reunió a algunos de sus amigos e hizo que uno de ellos pusiera por escrito la relación de todo lo que en realidad había acontecido, y tras rubricar debidamente dicho documento, lo remitió al Sr. Vicecónsul en Huelva, quien lo legalizó y lo entregó al Juez instructor. Durante la tarde del día siguiente a aquel en que tuvo lugar el tercer y definitivo ultraje, el Sr. Roberts falleció, y al expedirse la orden de detención contra el asesino, se descubrió que este había desaparecido.

La autopsia practicada al cadáver por dos facultativos de Huelva demostró que la herida de navaja era, en efecto, mortal de necesidad.

El Sr. Reade, nuestro Cónsul en Cádiz, se trasladó el día 6 del corriente a Huelva e inmediatamente procedió a adoptar las disposiciones necesarias para el procesamiento de todos los implicados en tan penoso asunto, confirmando las ya iniciadas por nuestro muy celoso y enérgico Vicecónsul, don Eduardo Díaz y Gómez; y nos complace saber que, a pesar de la habitual renuencia de los españoles a prestar declaraciones de naturaleza que asegure la condena de los culpables, Zacarías, el alcalde segundo, y otro cómplice llamado Villegas, han sido conducidos a la cárcel, al tiempo que las autoridades locales realizan cuantos esfuerzos están a su alcance para llevar el asunto a un término satisfactorio.

Es digno de mención, respecto al Juez de Paz y al Escribano de San Juan del Puerto, que el primero es primo hermano del asesino y el segundo, medio hermano de su padre, el alcalde segundo.

La precedente relación demuestra de modo concluyente que no cabe imaginar un ultraje más cobarde y vil; que un desprecio absoluto por la vida humana es uno de los caracteres más melancólicos del estado actual de la sociedad en España es un hecho unánimemente admitido por la prensa del país, pero ya es altas horas de que se enseñe a gentes como los moradores de San Juan del Puerto que no puede permitirse que su carencia de los más elementales sentimientos de humanidad recaiga sobre extranjeros pacíficos que tienen la desdicha de verse obligados a pasar una parte de sus vidas entre ellos. En el caso presente, la única provocación ofrecida consistió en que el Sr. Roberts consideró, con justicia, que su casa era suya, y se opuso de forma muy natural a la presencia en ella de una turba desordenada y no invitada. Pero ni siquiera se había tomado la justicia por su mano; recurrió a la policía de un modo perfectamente legítimo para desalojar a los infractores, y por esta afirmación de sus indudables derechos fue villana y brutalmente asesinado en plena vía pública, en presencia de una muchedumbre de vecinos del pueblo y con la asistencia de la segunda autoridad local. El vigoroso esclarecimiento de la causa puede confiarse con seguridad a las manos del Sr. Reade, Cónsul de S.M.B. en Cádiz, quien en anteriores ocasiones ha manifestado su suficiencia para sostener la causa de sus compatriotas; pero esperamos sinceramente que el Gobierno robustezca su autoridad en esta materia de una manera lo bastante enérgica como para que deje una impresión duradera.

[Fuente: Gibraltar Chronicle, 24 de julio de 1871]